
Athletic Club
¿problema real o invitaciones?
Tras la derrota del Athletic ante el Barcelona, los jugadores mantuvieron silencio ante los medios, que en el entorno rojiblanco se atribuye a un “problema interno con el club”. En respuesta, Athleticen Alde Bustiko Gara emitió un comunicado y criticó la retirada de invitaciones en San Mamés. El colectivo cifra el impacto entre 800.000 y un millón de euros, y lo vincula a la consecuencia de limitar accesos a jugadores y estamentos del club.
Comunicado de Athleticen Alde Bustiko Gara
El grupo de socios compromisarios valora lo ocurrido y pide que la medida no se explique por motivos de entradas. “Esperamos que la retirada de invitaciones no sea el motivo del plante y que sea un verdadero problema”, afirma el colectivo, criticando que, si fuese por invitaciones, no habría declaraciones “sería triste y patético”.
Retirada de invitaciones y decisión de la directiva
Athleticen Alde Bustiko Gara respalda la retirada aplicada por la Junta Directiva de Jon Uriarte a jugadores, empleados, exjugadores y expresidentes para asistir a San Mamés. El comunicado sostiene que la línea había sido defendida por el colectivo desde años atrás para hacer nuevos socios y gestionar la venta de entradas en taquilla.
El texto insiste en la paradoja que, según su criterio, se produciría si expresidentes y exjugadores conservaran invitaciones mientras los jugadores tendrían que asumir el coste. El colectivo señala: “Nos resulta paradójico que los jugadores si quieren, que las paguen, y que expresidentes y exjugadores siguieran teniendo invitaciones”.
Diálogo con empleados y postura sobre exjugadores
Sobre el colectivo de empleados, el comunicado indica que “nos hubiera gustado un diálogo previo”, aunque considera correcta la eliminación. También reclama información previa para favorecer una relación “fluida” y no una decisión “en forma de carta fría”.
Respecto a exjugadores, el grupo afirma que en el pasado se les ofreció hacerse socios “como a los empleados”, y que algunos rechazaron esa opción. En su interpretación, esa negativa implica que no deben tener acceso gratuito por “privilegio”, mencionando la existencia de 11.000 personas en lista de espera.









