La polémica estalló en Athletic dos semanas atrás, el día siguiente a su victoria ante el Betis en San Mamés. Casi mil socios del anillo sur denunciaron problemas de seguridad tras cambios en barreras y accesos que, según afirman, incumplían normativas. El club admitió “equivocaciones” y reactivó salidas, pero los afectados reclaman aclaraciones.
Denuncias tras los cambios en el anillo sur
Según los portavoces de los socios afectados, el malestar se originó tras modificaciones realizadas en un sector del anillo sur. Atribuyeron la situación a que las obras “incumplen las normativas de seguridad y salud establecidas por la Ley” y sostuvieron que “se puso en riesgo a los aficionados con localidad”.
“Se disponía inicialmente de dos salidas de emergencia… Sin embargo, tras las modificaciones realizadas, únicamente se ha mantenido operativa una salida… sin ningún tipo de señalización”.
El regreso ante el Villarreal y el “proyecto provisional”
El pasado domingo, en el partido ante el Villarreal, los afectados observaron que el Athletic habría rectificado aspectos de un “proyecto provisional” aplicado desde el 22 de marzo. El club justificó la redistribución por el aumento de ocupación en el área VIP de la Sala Sur.
Reunión con representantes y admisión de errores
Los damnificados indicaron que el Athletic no les avisó y celebró una reunión el lunes con representantes del grupo. Allí, según afirmaron, se planteó una posible “vulneración de la seguridad” vinculada a la evacuación, accesibilidad, uso e higiene.
Desde la entidad bilbaína, señalaron que reconocieron “en parte” el error, principalmente en la puerta entre los bloques 224 y 223, al considerar que no se ajustaba correctamente a la normativa.
Accesos reactivados, pero “incógnitas” sin cerrar
El Athletic habría rehabilitado el acceso a vías de evacuación y las dotaciones higiénicas. Aun así, los socios aseguraron que persisten “algunas incógnitas por resolver” y cuestionaron que no se les informara sobre el responsable de la corrección ni se aportaran documentos que, a su juicio, acrediten la legalidad de los cambios.
Los portavoces añadieron que, si una medida fuera correcta según la norma, no comprenderían por qué se habría modificado sin garantías previas, concluyendo que no les constan responsables ni el mecanismo de decisión.















