Las protestas son legítimas, pero cuando se impide jugar al fútbol, alguien tiene que asumir las consecuencias. Y ese alguien no debería ser el equipo visitante.
Es perfectamente comprensible que los seguidores del Rayo estén hartos de su presidente, de la gestión del club o de las condiciones de su estadio. Las pancartas, los cánticos, las pitadas y cualquier reivindicación pacífica forman parte del fútbol y deben respetarse.
Pero una cosa es protestar y otra muy distinta es impedir que se juegue un partido.
En el Rayo-Athletic, el árbitro tuvo que detener el encuentro por el lanzamiento de objetos desde la grada. Se intentó reanudar, se produjeron nuevas interrupciones y los incidentes continuaron hasta que finalmente el partido quedó suspendido.
Y aquí surge una pregunta que debería hacerse todo el mundo: ¿qué culpa tiene el Athletic de los problemas que existen entre la afición del Rayo y su presidente?
Absolutamente ninguna.
Los jugadores rojiblancos han viajado a Madrid, han preparado el encuentro durante toda la semana y han organizado su calendario para disputar este partido. También hay aficionados del Athletic que se han desplazado desde Bilbao y otros lugares, gastándose dinero en transporte, entradas y alojamiento.
¿Y todo para qué? ¿Para jugar unos minutos y tener que volver a casa porque un sector de la grada ha decidido que el partido no puede continuar?
Resulta difícil encontrarle alguna justificación.
Las protestas tienen un límite
Los aficionados del Rayo pueden tener muchos motivos para estar enfadados, algunos de ellos perfectamente razonables. Sin embargo, el derecho a protestar también implica respetar a quienes no tienen nada que ver con el problema.
El Athletic no tiene nada que ver con Martín Presa, con la gestión del Rayo ni con los conflictos internos del club madrileño.
Si los aficionados quieren protestar durante todo el partido con cánticos, pancartas o pitadas, están en su derecho. Pero si después de una primera interrupción, de una advertencia y de un intento de reanudación siguen lanzando objetos hasta conseguir que el partido se suspenda, las consecuencias deberían ser mucho más importantes.
La solución debería ser sencilla: partido perdido para el equipo cuya afición ha provocado la suspensión y victoria por 0-3 para el rival.
Sin buscar otra fecha. Sin obligar al Athletic a regresar a Madrid. Sin alterar su planificación deportiva por un problema completamente ajeno.
Las multas económicas no son suficientes
Seguramente llegarán las sanciones económicas. Puede que también se planteen medidas relacionadas con el estadio o la presencia de público.
Pero ¿realmente sirven estas sanciones para evitar que vuelva a ocurrir?
Una multa la paga el club. Y puede que el conflicto entre los aficionados y la directiva continúe exactamente igual.
En cambio, si los aficionados saben que provocar la suspensión definitiva de un encuentro puede suponer una derrota directa de su propio equipo, quizá se lo piensen dos veces antes de continuar con los lanzamientos.
No se trata de castigar una protesta. Se trata de establecer un límite claro.
Se detiene el encuentro, se advierte de las consecuencias y se da la oportunidad de continuar. Si vuelve a ocurrir y el partido termina suspendiéndose por ese motivo, derrota deportiva para el equipo responsable, siempre que quede acreditado quién ha provocado los incidentes.
Así de sencillo.
¿Y si el 0-3 beneficia al equipo sancionado?
Evidentemente, una norma así también debería contemplar situaciones excepcionales.
Imaginemos que estamos en la última jornada de Liga y que, por una combinación de resultados, perder por 0-3 pudiera beneficiar al equipo sancionado frente a otro resultado más abultado.
La normativa tendría que impedir cualquier ventaja derivada de provocar una suspensión.
Una solución sería establecer un resultado mínimo de 0-3, con la posibilidad de mantener un marcador anterior más desfavorable o aplicar penalizaciones deportivas adicionales cuando fuera necesario.
Lo que está claro es que ningún equipo debería poder beneficiarse de una suspensión provocada por sus propios seguidores. De lo contrario, se estaría abriendo la puerta a situaciones todavía más absurdas, en las que provocar una interrupción pudiera convertirse incluso en una ventaja deportiva.
¿Por qué tiene que volver el Athletic a Madrid?
Aquí está el fondo del asunto.
El Rayo tiene un problema con su afición, con su presidente o con la gestión del club. Y son ellos quienes tienen que resolverlo.
Lo que no parece razonable es trasladar ese problema al Athletic y obligarle a buscar una nueva fecha para disputar un partido al que ya se ha presentado.
¿Y si esa nueva fecha llega en una semana con varios encuentros? ¿Y si coincide con una eliminatoria de Copa? ¿Y si obliga a modificar entrenamientos, viajes o descansos?
¿Por qué tiene que asumir todo eso el equipo que no ha hecho absolutamente nada?
Tampoco hay que olvidarse de los aficionados rojiblancos que han gastado dinero para ver un partido que finalmente no han podido disfrutar.
Su dinero, su tiempo y su ilusión también merecen respeto.
Además, disputar el encuentro otro día, incluso a puerta cerrada, no soluciona el problema de fondo. El equipo visitante seguiría siendo el principal perjudicado por unos incidentes que no ha provocado.
Hay que respetar las protestas, pero también hacerse respetar
El derecho de cualquier afición a reivindicar lo que considere justo debe respetarse. El fútbol también es de los aficionados y tienen derecho a hacerse escuchar.
Pero hay límites que no deberían sobrepasarse.
Cuando una protesta impide que se celebre un partido, deja de afectar únicamente al presidente contra el que se protesta. Empieza a perjudicar a jugadores, entrenadores, trabajadores y aficionados que no tienen responsabilidad alguna en ese conflicto.
Y eso es precisamente lo que ha sucedido en Vallecas.
La afición del Rayo ha conseguido que su protesta tenga repercusión. Su malestar ha quedado más que demostrado. Pero insistir con los lanzamientos después de las interrupciones y advertencias hasta impedir que se siga jugando supone cruzar una línea que no debería tolerarse.
No puede normalizarse que un partido de Primera División quede a merced de quienes decidan interrumpirlo desde la grada.
Una vergüenza para LaLiga
Lo ocurrido en Vallecas es una vergüenza para la imagen de LaLiga. Y todavía sería más injusto que el Athletic terminase asumiendo todas las molestias de una suspensión que no ha provocado.
Queda por conocer qué decisión terminarán tomando los organismos competentes y cuáles serán las consecuencias disciplinarias para el Rayo. Pero situaciones como esta deberían llevar a una reflexión seria sobre la normativa.
Las sanciones económicas pueden ser necesarias, pero no deberían ser la única respuesta cuando los incidentes reiterados terminan impidiendo la celebración de un encuentro.
Si un partido se suspende definitivamente por el comportamiento de la afición local, después de haber sido advertida y de haberse intentado reanudar el encuentro, y queda acreditada la responsabilidad de esos incidentes, el equipo visitante debería llevarse los tres puntos.
No se trata de regalar victorias, sino de establecer consecuencias claras para evitar que vuelva a suceder.
Porque, de lo contrario, el mensaje que se transmite es que se puede provocar la suspensión de un partido y que, tarde o temprano, se buscará otra fecha para disputarlo, trasladando las molestias al rival.
En este caso, la solución debería ser Rayo Vallecano 0 - Athletic Club 3.
Porque los problemas del Rayo los tiene que solucionar el Rayo.
Y porque el Athletic no tiene por qué pagar los platos rotos de nadie.
