La titular del Juzgado de la plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz (Navarra) ha decretado el sobreseimiento de la querella presentada contra los futbolistas Nico e Iñaki Williams, además de un intermediario y una tía suya, por una supuesta irregularidad en una permuta de vehículos realizada en diciembre de 2024.
En su resolución —recurrible ante la Audiencia de Navarra— la jueza afirma que, pese a que vendedor y querellados ofrecieron “versiones contradictorias” sobre la operación, no se aprecian indicios de delito. Según la magistrada, lo que subyace “es una relación de carácter civil” y no concurren elementos penales.
La permuta, según recoge el auto, consistió en que Nico entregaría un Mercedes CLA 45 de su propiedad y recibiría a cambio un Mercedes AMG E63. El querellante añadió que, además, se pactó el pago de 40.000 euros por parte de Nico, extremo que el tribunal considera dentro del marco contractual, no del penal.
La jueza también da cuenta de que, tras el acuerdo, Nico manifestó que entregó su vehículo, recibió el automóvil que habría adquirido y, después de interponerse la querella, lo devolvió. El denunciante, por su parte, declaró que solo tuvo el coche durante una semana y media para probarlo y que no se llegó a cambiar la titularidad.
Sobre los pagos, el auto señala que el 16 de diciembre de 2024 Nico realizó una transferencia de 8.340 euros al querellante bajo el concepto “Matricula omnigeston”. El querellante no negó el pago, pero sostuvo que la madre de Williams consideró esa cantidad excesiva y que la empresa debía asumir el 30% de los gastos. Por ello, habría realizado el día 6 de diciembre un abono de 3.000 euros a una cuenta de Iñaki Williams.
En relación con ese ingreso, Iñaki declaró que el 5 de diciembre el querellante acudió al casino de Bilbao y que, a petición del intermediario, le prestó 3.000 euros con el compromiso de que se devolvieran al día siguiente, aportando el justificante del extracto bancario de su tarjeta de crédito.
Con todo, la jueza concluye que el desacuerdo sobre quién debía pagar la matriculación y en qué porcentaje “forma parte de la relación contractual subyacente”, sin indicios de criminalidad.
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